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La familia de Ian Moche demandó a Javier Milei: acusan al presidente de exponer a un niño autista con fines políticos
El abogado Juan Cruz San Martín, quien accedio a dar una nota al programa "Periodismo con Sentido" y al portal "El varelense", presentó una acción judicial contra el presidente Milei por haber involucrado a Ian Moche, de 12 años, en una publicación agraviante. La familia denuncia una grave vulneración de derechos y una embestida institucional contra la infancia y la discapacidad.
La historia de Ian Moche conmovió al país. Un niño de apenas 12 años, diagnosticado con autismo, que desde hace años impulsa campañas de concientización sobre discapacidad, fue blanco de un ataque público por parte del propio presidente de la Nación. La reacción de su familia no tardó: decidieron llevar a la Justicia a Javier Milei por lo que consideran una grave violación de los derechos del niño y un uso político cruel de su imagen.
En la entrevista, el abogado de la familia, Juan Cruz San Martín, explicó el alcance de la demanda y el impacto emocional que el episodio tuvo sobre Ian. “No fue sólo una publicación desafortunada. Fue una intervención deliberada, desde la cuenta oficial del presidente, que colocó a un menor con discapacidad en el centro de una operación de odio”, sostuvo.
El origen del conflicto: una publicación y una maquinaria de agresión
El episodio que desató la demanda ocurrió el 1° de junio. Desde su cuenta verificada en X (ex Twitter), Javier Milei retuiteó un mensaje de una cuenta libertaria que acusaba a Ian de haber sido llevado a un programa de televisión como parte de una estrategia kirchnerista. A esa publicación, el mandatario le sumó un comentario cargado de desprecio:
"Pautino siempre del lado del mal... Siempre del lado de los kukas... no falla".
Según relata San Martín, esa publicación no fue una expresión personal, sino un acto de gobierno: “Cuando el presidente se expresa desde su cuenta oficial, está actuando en ejercicio de su investidura. No puede hacerse el distraído y decir que es un ciudadano más”. La publicación tuvo un efecto inmediato: proliferaron los comentarios violentos, se difundieron datos personales del niño y se desencadenó una verdadera campaña de hostigamiento digital.
El impacto en Ian y su entorno
Pese a que la familia actuó rápidamente para proteger a Ian, la situación dejó marcas. “Siempre se intentó preservar su intimidad y su integridad. El entorno familiar está muy presente y ha hecho un trabajo enorme para contenerlo”, detalló el abogado. Sin embargo, el niño no pudo evitar preguntarse por qué alguien con tanto poder podía hacerle algo así. “Lo que más angustia genera —explicó San Martín— es que el agresor no es un troll anónimo, sino el presidente de la República, alguien que debería garantizar sus derechos”.
San Martín fue enfático en destacar que Ian no comprende aún del todo la lógica del poder político, pero sí percibe la injusticia: “No entiende cómo alguien que debería protegerlo lo ataca públicamente. Y tiene razón. Esa contradicción hiere”.
La estrategia judicial: respeto, no revancha
La demanda presentada no es penal ni busca sanción económica: se trata de una acción autosatisfactiva, una figura que permite al Poder Judicial ordenar la eliminación urgente de un contenido que vulnera derechos fundamentales. Según el abogado, el objetivo es claro: que Milei borre el tuit, se abstenga de hacer publicaciones similares y se comprometa públicamente a respetar los derechos de las personas con discapacidad.
“No estamos hablando de censura ni de persecución. Estamos exigiendo lo más básico: respeto. Que el presidente se comporte como tal”, explicó San Martín.
En paralelo, evalúan acciones civiles por daños y perjuicios, y no descartan que la causa pueda escalar si no hay una respuesta institucional a la altura del agravio.
Un patrón de desprecio institucional hacia la discapacidad
El caso de Ian no es aislado. Para el abogado, forma parte de una lógica más amplia del gobierno nacional respecto a las personas con discapacidad. San Martín mencionó como antecedente el accionar de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien firmó una resolución que utilizaba términos denigrantes como “imbecilidad” o “retardo mental” para referirse a ciertas condiciones.
“Esto no es un exabrupto: es una visión coherente dentro de su marco ideológico. No hay contradicción entre lo que piensan y lo que hacen. En su lógica, si alguien tiene un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Es un Estado que se corre, que se desentiende, que culpabiliza”, señaló.
Esa resolución, aunque luego fue retirada, fue una muestra del desprecio institucionalizado: “La sociedad reaccionó, hubo rechazo, pero la estrategia oficial fue clara: desviar la atención del desfinanciamiento general del sistema de prestaciones. Tiraron una bomba para tapar el saqueo”.
Una lucha que trasciende lo judicial
Ian, pese a su corta edad, ha logrado visibilizar las demandas de un colectivo históricamente relegado. Gracias a sus intervenciones y las de su entorno, se han implementado medidas concretas, como el desarrollo de espacios sensoriales en eventos masivos. “No es casual que Ian moleste. Su voz representa lo que este gobierno quiere callar: la exigencia de un Estado presente, inclusivo y garante de derechos”, reflexionó San Martín.
Desde las redes de Ian, su familia ha dialogado con figuras de todo el arco político, incluyendo referentes oficialistas y opositores. “No se trata de partidismo. Se trata de construir una sociedad más justa para todos”, resumió el letrado.
El contexto no ayuda: en medio de recortes presupuestarios, desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas y un discurso que criminaliza la pobreza y la discapacidad, Ian se ha convertido —sin buscarlo— en una figura incómoda para el poder.
La urgencia de una ley postergada
Antes de cerrar, San Martín lanzó un mensaje claro: “Necesitamos que el Senado trate y apruebe de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las familias no pueden esperar más. Hay chicos que se están quedando sin tratamientos, sin traslados, sin derechos básicos. No se puede seguir jugando con la salud de los más vulnerables”.
Mientras tanto, la causa contra Milei avanza. Si la Justicia hace lugar al pedido de la familia, el presidente estará obligado a eliminar la publicación en un plazo breve. Para la defensa, no se trata sólo de borrar un tuit, sino de marcar un límite: que ni siquiera el presidente puede ejercer violencia simbólica impunemente contra un niño.
“Lo único que pedimos es respeto”, concluyó San Martín. “Y que se entienda, de una vez por todas, que las personas con discapacidad no son un obstáculo para el país. Son parte esencial de una sociedad que quiera llamarse verdaderamente humana”.
Luis Demitre
